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La Dirección Provincial de trabajo anula la sanción al Ayuntamiento por el derribo de las naves de Imperial ya que actuó dentro de la legalidad

La Dirección Provincial de trabajo anula la sanción al Ayuntamiento por el derribo de las naves de Imperial ya que actuó dentro de la legalidad

El Alcalde César Augusto Asencio ha anunciado que la Dirección de Trabajo ha resuelto anular la propuesta de sanción contra el Ayuntamiento, tras la denuncia presentada por la coalición de izquierdas EU-ERPV,  tras el derribo de las naves de Imperial, al entender que el consistorio crevillentino actuó dentro de la legalidad con carácter urgente para restablecer la seguridad de la zona  y no vulneró la seguridad de los trabajadores.

Asencio ha calificado  esta resolución de buena noticia, tras haber estado sometidos en los últimos meses a las acusaciones falsas .

Según el Alcalde,  tal como se explicó desde el primer momento, el Ayuntamiento actuó dentro de la ley, redactando un proyecto de demolición   correcto y en el que no se incluía el tratamiento del amianto, porque no estaba previsto actuar sobre el interior de las naves, a pesar de que durante la ejecución de los trabajos se cayó un pequeño techado de 16 m2 debido al mal estado de la edificación y el calor del incendio.

 

La primera autoridad explica que el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, dice que no es necesario ningún requisito previo ni tramitación de expediente alguno para actuar en casos de emergencia, como era el caso de las antiguas naves de Imperial que presentaban peligro de derrumbe tras el incendio. Asencio indica que, no se podía tardar más tiempo en redactar un proyecto complejo que incluyera la retirada del amianto, porque en primer lugar primaba eliminar el riesgo de caída de la obra y la vida de los vecinos o viandantes, proyecto de retirada del amianto que es además una responsabilidad del propietario de las naves y no del Ayuntamiento.

 

Según el Alcalde, el Ayuntamiento actuó por el bien prevalente y principal, que era salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. “Queda  acreditado que el consistorio en ningún momento de manera voluntaria y expresa se saltó la legalidad haciendo el proyecto de demolición, porque no se iba a actuar con el amianto, sino que sólo estaba previsto se iba a derribar las partes perimetrales de las naves “ señala el Alcalde.

 

La resolución de Trabajo indica, que el Ayuntamiento, que no es propietario de las naves y  que por lo tanto no tenía por qué incluir la retirada del amianto en ese primer proyecto, sólo  que pretendía garantizar que no hubiera riesgo en la vía pública. “Se cayó algo del amianto durante el derribo de manera  fortuita,  pero en ningún  caso por la actuación municipal “.